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Puntos más problemáticos del nuevo Reglamento de Seguridad Privada

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Puntos más problemáticos del nuevo Reglamento de Seguridad Privada

Las críticas al Reglamento nuevo de seguridad privada no han tardado en llegar, tras hacerse público el borrador. Los portavoces de los sindicatos del sector tachan de inaceptable el estatuto por fomentar la precariedad laboral, la desprotección de los agentes y restar importancia a la formación profesional.

Críticas al Reglamento de Seguridad: precariedad y desequilibrio

La patronal y los sindicatos de la seguridad privada en España han cuestionado hoy al unísono el borrador del reglamento que regulará esta actividad. Elaborado por el anterior Ejecutivo, cuyo plazo de alegaciones expira el próximo viernes; ya han solicitado al nuevo Gobierno que dé un «giro» a la norma.

Las críticas al Reglamento no han tardado en oírse. En una comparecencia ante los medios de comunicación, sus portavoces han calificado como «inaceptable«que los agentes sociales y empresariales del sector «no hayan sido formalmente consultados en la elaboración de este borrador antes de su difusión. Teniendo en cuenta que todas las organizaciones pertenecen a la Comisión Nacional de Seguridad Privada; que tiene por función dicho cauce de consulta previa».

Por otro lado, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y los sindicatos  han agradecido el «esfuerzo» por la elaboración durante cuatro años de este nuevo reglamento. Y cuyo borrador se dio a conocer el pasado 22 de mayo.

Los puntos más problemáticos

Eduardo Cobas, secretario general de la patronal Aproser, manifestó la necesidad de contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años después de su aprobación. Sin negar los aspectos positivos del Reglamento, Cobas puso el énfasis en algunas críticas al Reglamento; por promocionar un «servicio low cost de la seguridad en detrimento de la calidad.» Condición imprescindible para que las empresas de seguridad privada desempeñen eficazmente su papel colaborador de la seguridad pública. Que ha llevado a España a ser un modelo para otros países.

Entre las críticas al Reglamento uno de los puntos más conflictivos del texto es el tratamiento de la seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo. Según el borrador, entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad podrían realizar operaciones de transporte de fondos; de hasta 215.000 euros; y depósitos de menos de 25 millones de eurosno serían considerados depósitos de seguridad.

Las entidades del sector exigen la retirada de esta propuesta del trámite reglamentario que supone una “práctica completa de desregulación del sector. Además, con importantes consecuencias para los ciudadanos y un debate sobre el resto de la propuesta”.

Destrucción del empleo del sector

Los sindicatos han advertido de que la entrada en vigor de un reglamento con estas dos últimas medidas generaría una destrucción de empleo de hasta el 95 % de los trabajadores del sector del transporte de fondos en España; favorecería el blanqueo de capitales y aumentaría «exponencialmente» la inseguridad ciudadana.

Esta situación, provocaría una casi total destrucción de empleo en el sector. Y contribuiría significativamente a un incremento de los niveles de fraude. Ya que se podrá eludir la trazabilidad y el control de efectivo al que está sometido con el actual sistema. Esta desregularización convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de la gestión del efectivo por las autoridades públicas. Con previsibles consecuencias en los actuales niveles de inseguridad ciudadana.

Más seguridad para los agentes

Una segunda reivindicación del Observatorio Sectorial se refiere al insuficiente tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad. El borrador recoge una serie de supuestos en los que los vigilantes cuentan con la protección jurídica de agente de autoridad y que mejoran la situación actual.

Sin embargo, tal como señaló Montoya, coordinador del área jurídica de Construcción y Servicios, las organizaciones sociales consideran que estos supuestos deben generalizarse.

Dada la exposición a riesgos a los que los profesionales de seguridad privada están expuestos en la prestación de sus servicios. También incidió en la necesidad de la equiparación en el uso de medios de protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando intervienen junto a ellos.

Reglamento-seguridad-privada

Los sindicatos exigen formación de calidad

En esta línea de reconocimiento y exigencia de calidad de la profesión; el sector pone énfasis en lo referente a la formación profesional necesaria para acceder al sector. Para el cual tampoco se ha contado con la opinión de las organizaciones.

Consideran que, dado el conocimiento de empresas y sindicatos; se debería haber contado con el sector para determinar los contenidos de la formación exigible para el acceso. Según Basilio Febles, secretario general de la FTSP-USO; “no es razonable que desde el Ministerio de Educación se desarrolle de forma unilateral” la materia de formación de acceso del personal de seguridad.

Otras demandas sobre el Reglamento que afectan al sector de vigilancia y reducen notablemente la calidad del servicio; entre las que está la incorporación de empresas interpuestas en el proceso de contratación de servicios de seguridad.

Se reducirá la calidad del servicio

O la reducción desproporcionada de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y garantías exigibles a las empresas. Todo ello disminuye la calidad existente y se abre la puerta al intrusismo contra el que el sector está luchando.

Por otro lado, no se han tenido tampoco en cuenta los requerimientos de seguridad de los servicios y de los profesionales en lo relativo a la regulación sobre la vigilancia discontinua. Con la nueva normativa se generan riesgos para los trabajadores. Y los servicios se hacen ineficaces.

Por último, los portavoces de los sindicatos han destacado que el borrador genera un desequilibrio. Entre la decisión de contratación por el cliente y la responsabilidad asumida por las empresas de seguridad privada; que quiebra las políticas de sostenibilidad de las empresas socialmente responsables.


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